Energía barata y abundante

La solución a la crisis energética por la que atraviesa Puerto Rico la tenemos a nuestro alcance en este momento. La ausencia de voluntad para desarrollar nuestras fuentes renovables explica por qué estamos pagando un precio tan alarmantemente alto por la energía eléctrica que consumimos, así como por los bienes y servicios que dependen de la electricidad.

En reiteradas ocasiones he denunciado que la política energética de la administración Acevedo Vilá nos condenará a que en el año 2017 estemos dependiendo en 98% de combustibles fósiles, todos importados. La construcción de los gasoductos constituye un grave error de planificación, ya que Puerto Rico no controla ni el precio ni la oferta relativa del gas natural, como tampoco ocurre con el carbón o el petróleo. La propuesta de Acevedo Vilá se basa, además, en la privatización de la producción de energía, ya que bajo su administración la Autoridad de Energía Eléctrica continuó y le continuará comprando electricidad a compañías privadas que queman y continuarán quemando uno de los referidos combustibles en distintas regiones del País. Esto significa que se construirán “plantas” de carbón y de gas natural cerca de comunidades alrededor del País, amenazando la salud y seguridad de éstas.

La pregunta fundamental que se formulan los distintos sectores de nuestra sociedad es: ¿qué alternativa tenemos para reducir drásticamente el costo de la electricidad y para asegurar un futuro energético ajustado a nuestras necesidades inmediatas y futuras? La respuesta radica en que a partir de hoy mismo comencemos a ejecutar una política energética basada en nuestras fuentes renovables. Si damos ese paso ahora, muy pronto nos beneficiaremos de tener a nuestro alcance energía eléctrica barata y abundante.

Como primer paso debemos considerar los hallazgos y las propuestas de nuestros científicos, ingenieros y expertos en el tema energético. Muchas de esas propuestas tienen más de dos décadas de haber sido traídas ante la consideración de las autoridades gubernamentales. Las distintas formas de energía solar, incluyendo la conversión de esta fuente en electricidad -lo que se conoce como energía fotovoltaica- así como la energía océano térmica, la eólica o del viento (que debe instalarse en lugares que no impacten lugares ecológicamente sensitivos), las micro-hidroeléctricas en la zona central y la energía de las olas del mar, entre otras, constituyen alternativas cuya viabilidad ambiental y comercial ha sido probada en distintos lugares del mundo.

Mi programa de gobierno se centra en el desarrollo pleno de estas fuentes para que en el futuro cercano tengamos la diversificación energética que el País necesita. Mientras tanto, urge que la Administración de Asuntos de Energía (AAE) juegue el papel que se le asignó desde que se fundó. Desgraciadamente, las funciones de esta agencia fueron usurpadas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Ello explica por qué esta última agencia desarrolló proyectos basados en combustibles fósiles, tanto para ampliar su red de producción como para impulsar la construcción de centrales termoeléctricas privadas. Las fuentes renovables sencillamente fueron sacadas de los planes gubernamentales.

Los consumidores, las comunidades, el sector gubernamental y las empresas tienen mucho de qué beneficiarse con nuestro enfoque. Por un lado, serán testigos de una reducción drástica en su factura tan pronto los proyectos de fuentes renovables comiencen a producir electricidad a un costo menor y con poco o ningún impacto sobre el medioambiente. Tal disminución en el pago por el consumo de energía eléctrica constituye un paso urgente para abaratar costos de producción en nuestra economía y para traer un alivio al bolsillo de cientos de miles de familias y empresarios.

Por otro lado, mediante la conversión de la Autoridad de Energía Eléctrica en una entidad que promueva el desarrollo e instalación de tecnologías renovables, la ciudadanía en general, las agencias públicas y los municipios, así como el sector empresarial, tendrán acceso a equipos y a servicios que permitirán diversificar de una vez y por todas las fuentes energéticas.

El enfoque de planificación de los recursos energéticos que propongo pondrá a Puerto Rico a la altura de los tiempos y garantizará la solución permanente a nuestra crisis actual.

Sólo falta la voluntad para ejecutarlo. A ello me comprometo.

Ante tribunales pugna con Aponte

Por: Mara D. Resto Vélez
EL VOCERO

La disputa por la presidencia de la Comisión Especial Evaluadora de la Cámara de Representantes llegó ayer hasta los tribunales, luego de que los portavoces de las minorías sometieran sendos interdictos impugnando la presidencia de José Aponte en dicho organismo.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, y su homólogo pipiolo Víctor García San Inocencio presentaron dos recursos por separado ante el Tribunal Superior de Hato Rey señalando que el Presidente cameral violó el artículo 12.1 del Reglamento de ese Cuerpo Legislativo al autodesignarse presidente de la comisión que busca evaluar las acusaciones criminales que enfrenta el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Esto se dio luego de sostener una vista ejecutiva en la que el propio Aponte, con el aval de su delegación, designó a la representante Lourdes Ramos como presidenta interina de la Comisión para que se aprobara el organismo. Es en el reglamento de esta Comisión donde se dispone que el líder cameral presidirá la misma.

“Ningún reglamento de Comisión puede ir por encima del Reglamento de la Cámara de Representantes que tiene y está basado en preceptos constitucionales, específicamente en el artículo 3. Esto es una afrenta de Aponte y sigue demostrando que la silla de presidente le queda grande”, sentenció Ferré.

Por su parte, García San Inocencio explicó que en la acción de interdicto que sometió solicita que se declare nulo e ineficaz todo lo que haya decidido Aponte actuando como presidente de facto y que se le prohíba permanentemente asimilar la presidencia de la Comisión. Dijo que pidió además la anulación del interinato de Ramos como presidenta del organismo.

“La regla es clara. El señor Aponte no es Napoleón Bonaparte. Hay un reglamento constitucional de la Cámara de Representantes que lo prohíbe. Es tan claro que no debe tomar mucho tiempo obtener el amparo judicial”. “Bonita forma de investigar circunstancias que dan base a acusaciones criminales cuando se constituye y dirige esa Comisión desde la ilegalidad”, añadió.

Sin embargo, Aponte cuestionó el “miedo” de las minorías de que sea él quien lidere los trabajos “evaluativos” sobre el caso del Gobernador ya que actualmente preside la Comisión de Salud Mental y nadie se lo ha impugnado.

“¿Cuál es el miedo a que yo presida la Comisión, si ya se tomó una determinación y en mi delegación nadie la ha cuestionado?”, dijo Aponte.

Informó que durante los próximos días estará convocando a los trabajos de la Comisión Evaluadora para establecer el plan de trabajo. No obstante, aseguró que sus abogados se encargarán de debatir en los tribunales la impugnación hecha por las minorías.

Sobre esto, Ferrer aseguró la actitud de Aponte demuestra su ignorancia y que como “el derecho es rogado”, confía en que el Tribunal falle a su favor. Indicó que estará representado por el licenciado Fernando Torres Ramírez, ex juez, ex secretario del DACO y ex secretario del PPD.

En tanto, los abogados que representarán a García San Inocencio son los licenciados José Nazario de la Rosa, José Torres Valentín y Juan Mercado Nieves. El Presidente cameral no quiso revelar quién será su defensa y sólo comentó que la misma será seleccionada por el director de la Oficina de Asesoría Legal de la Cámara, Richard Marcus.

Además de Aponte, García San Inocencio, Ferré y Ramos, la Comisión Especial Evaluativa está compuesta por el popular Luis Vega Ramos y los novoprogresistas Rolando Crespo, Iris Miriam Ruiz, Luis Junior Pérez y Jennifer González.

Sin embargo, ayer mismo González renunció a la Comisión porque no estuvo ni está de acuerdo con la creación de la misma debido a que el Partido había determinado que no se iniciaría un proceso de residenciamiento contra el Ejecutivo, por lo que no tiene sentido la creación de un grupo investigativo como este. Esta lo informó a través de una carta enviada a Aponte, en la que subraya que por respeto a ella misma y al pueblo, no formará parte de una comisión que interfiera en la investigación del Ejecutivo.

Contrario al reglamento e ilegal designación de Aponte Hernández

El portavoz del PIP Víctor García San Inocencio, anuncio que estará presentando un recurso interdictal contra el Presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, quien so color de autoridad ostenta ilegalmente la presidencia de la Comisión Especial Evaluativa creada al amparo de la Resolución de la Cámara 8318.

 

“Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para evitar este disloque provocado por la violación al Reglamento de la Cámara de Representantes. Advertido públicamente y por carta al Presidente de la Cámara que el Reglamento de la Cámara de Representantes esta por encima de cualquier reglamento de comisión y que la prohibición que contiene va en contra de cualquier designación de la mayoría parlamentaria. Sin embargo el Presidente del Cuerpo en un acto de prepotencia insiste en adjudicarse la presidencia de la Comisión Especial Evaluativa. No nos ha dejado otro recurso que acudir al tribunal para restaurar el orden reglamentario y proteger los derechos del pueblo para evitar que se utilicen recursos públicos mientras la investigación esta manchada por una comisión presidida ilegalmente” concluyó García San Inocencio.

Entrevista a María de Lourdes Santiago

Por Alba Y. Muñiz Gracia – El Nuevo Día
amuniz@elnuevodia.com

Antes de convertirse en senadora, María de Lourdes Santiago había trabajado en la Legislatura desde 1997. En la Cámara de Representantes, se desempeñó como asesora legal del ex legislador Manuel Rodríguez Orellana y de su ahora compañero de delegación, Víctor García San Inocencio. Luego trabajó en la oficina del ex senador Fernando Martín García, a quien sustituyó en el 2004, cuando resultó electa a su primer cuatrienio.

En esta entrevista con elnuevodia.com, la senadora adjunteña habló de sus experiencias, prioridades y planes futuros si revalida como senadora.

¿Cómo ha sido su experiencia durante su primer cuatrienio como senadora?

Aunque a veces uno no quisiera hacer del género un ‘issue’, la realidad es que las cosas se ven distintas desde la perspectiva femenina. Un tema que ha sido manejado muchísimo en los últimos días, el de las cesáreas, no creo que le habría puesto el mismo interés o el mismo empeño si uno no tiene la experiencia de la maternidad. Han sido años de mucha satisfacción, de mucho trabajo. Dicen que el que no se ilusiona no se desilusiona. Así que, en ese sentido, no puedo decir que esté desencantada, aunque a veces cuesta mucho aceptar que en la Asamblea Legislativa, como en todos los renglones del Gobierno de Puerto Rico, la racionalidad y el mejor interés del País no siempre son los que prevalecen a la hora de tomar las decisiones más importantes.

¿Cuáles han sido los proyectos más importantes que ha presentado durante el cuatrienio?

La propuesta nuestra de Ley de Costas, que es un proyecto que se radicó a través de la oficina legislativa del partido, pero que recoge el trabajo de dos años de los mejores científicos de Puerto Rico sobre el tema del manejo del recurso marítimo. Oceanógrafos, biólogos marinos, líderes comunitarios y abogados expertos ambientales produjeron un documento extraordinario que, lamentablemente, no recibió ninguna consideración en el Senado de Puerto Rico. En el tema económico, las propuestas que presentamos durante el cierre del Gobierno para aumentar la responsabilidad contributiva de las grandes corporaciones en Puerto Rico que tributan a una tasa ridículamente baja, a un 4%, 7%, algunas al 0%, como un remedio para aliviar la crisis de ese momento, que tampoco fue favorablemente considerada. El tema de las mujeres, las propuestas para obligar a los obstetras que les notifiquen a las pacientes la tasa de cesáreas que realizan. También la medida para promover el enfoque verdaderamente salubrista en cuanto al tratamiento a los drogodependientes, que fue aprobado en Cámara y Senado, y vetado por el Gobernador alegando que no había recursos para iniciar un proyecto como ese en Puerto Rico. Y temas que el partido ha estado manejando durante décadas, como la unicameralidad. El PIP fue el primer partido en presentar una propuesta de unicámara en el 1985.

¿Cuáles proyectos de su autoría se convirtieron en ley?

La Ley para el Acompañamiento en el Parto y la extensión de la licencia de lactancia, que originalmente fue un proyecto de Víctor García San Inocencio, que disponía que tenía que ser una hora de licencia por cada día laborable. Se aprobaron 30 minutos nada más en la versión original y nos tomó 10 años recuperar esos 30 minutos adicionales. Otro proyecto aprobado fue para eliminar de la política pública y de las prácticas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales disecar los mangles en Puerto Rico, y estamos esperando, en el tema de las cesáreas, si el Gobernador (Aníbal Acevedo Vilá) nos veta o no la medida.

¿Cuáles serían sus prioridades para el próximo cuatrienio si logra la reelección?

La posición del PIP en cuanto a la propuesta legislativa es algo un poco particular. Nuestra responsabilidad es seguir insistiendo porque son temas que, aunque no se adopten de momento, aunque no reciban el visto bueno de la mayoría, con el correr del tiempo se convierten en el eje de la discusión pública. Ha sido así con la unicameralidad, con el tema de los drogodependientes y el seguro de salud universal, así que a mí me tocará insistir en muchos de los temas que estuvimos trabajando durante este cuatrienio con acercamientos más agresivos. Por ejemplo, en el tema de los drogodependientes, creo que aquí hay que empezar a hacer cosas más radicales. Tenemos que fomentar los intercambios de jeringuillas, que han resultado tan exitosos entre los dependientes a la heroína. Creo que aquí hay que atreverse a hacer propuestas de espacios de inyección segura donde los adictos puedan tener acceso a lo que necesitan para inyectarse sin ponerse en riesgo de contagio de VIH o de hepatitis. En el tema de la mujer, proponer una Ley de Partería que contribuya a la desmedicalización del parto. Pero lo que va a seguir siendo un tema central es el déficit del Gobierno, que se anticipa que podría llegar a los $1,000 millones para el próximo año fiscal.

¿Cómo el PIP planea evitar la fuga de votos que le costó la franquicia electoral en las pasadas elecciones?

Hubo varios factores en el cuatrienio pasado. Hubo personas que ante la imagen demonizada de (Pedro) Rosselló quisieron ilusionarse con la figura de (Aníbal) Acevedo Vilá. No creo que de esos queden muchos, a menos que sea gente que ya está decidida a declararse popular y estadolibrista. El que diga ahora que Aníbal Acevedo Vilá es un defensor de la gente trabajadora, de los marginados, o que es una persona progresista ha estado en la luna en los pasados años. También hubo gente que se quedó sin votar. Nuestra estrategia es garantizar que se inscriban independentistas, irlos a buscar. Nosotros estamos, desde hace ya meses, en un calendario bien intenso de caminatas. No hay un sustituto de la visita casa a casa y hemos tenido una experiencia extraordinaria.

¿Podría el PPR restarle votos al PIP?

Me imagino que siempre habrá gente que vea algún atractivo en la novedad, pero como recientemente ha quedado demostrado con el endoso de algunos de sus principales candidatos al candidato popular a la alcaldía de San Juan, son personas de ideología reciclada. Creo que son personas que responden ideológicamente a una cultura política del pasado. Hay muy poca identificación de la gente real, de la gente en la calle con un partido que en realidad es pintura y capota. Me parece que, además, comparando candidatos con nuestro candidato a la gobernación (Edwin Irizarry Mora), los de los demás partidos no le llegan a los tobillos ni en capacidad, ni en franqueza, ni en honestidad, ni en legitimidad y eso es algo que la gente está percibiendo.

¿Qué es lo nuevo que ofrece el PIP en estas elecciones?

Primero, nuestro candidato a la gobernación, que es la primera vez que es candidato y que, además, es el primer candidato en mucho tiempo que no es del área metropolitana. Edwin (Irizarry Mora) nació y se crió en Mayagüez. Y, segundo, vamos a estar presentando propuestas que, te aseguro, ninguno de los líderes de los otros partidos puede replicar, porque cuando hablamos del tema económico nosotros no decimos, por ejemplo, que el IVU hay que eliminarlo para las compras de regreso a clases o para navidades. Decimos que aquí se va a acabar con ese abuso de exceso de carga contributiva a las familias trabajadoras y vamos a imponer mayor responsabilidad a los que más generan en este País. Vamos a hacer propuestas con la formulación de presupuestos multianuales. Una de las razones de la crisis fiscal ha sido la de continuar aprobando año tras año presupuestos en violación a la Constitución. Aquí, consistentemente durante ocho años se han estado aprobando presupuestos en el que los gastos exceden por mucho toda posibilidad de recaudo. Eso no es solamente que sea inconstitucional, es que es algo administrativamente irresponsable. En el tema de la salud vamos a proponer un seguro médico universal, eliminando a las aseguradoras. No lo que propone el PNP, que es otra manera de disfrazar el concederle grandes beneficios a esas empresas, sino sacar del medio en la provisión de servicios a las aseguradoras, que son las que se llevan la mayor tajada del presupuesto en este momento.

¿Cuáles deberían ser las prioridades de la Legislatura?

El tema de la planificación, en el que habíamos propuesto una moratoria en la construcción de nuevos centros comerciales. Nos parece un tema urgente por dos razones: primero, porque los centros comerciales se están construyendo en su mayoría en zonas inundables y porque se han convertido en la gran amenaza a los pequeños comerciantes de los casos urbanos de los municipios más pequeños. Hay asuntos sobre los cuales la Asamblea Legislativa ha tenido responsabilidad no tan directa, como el Plan de Uso de Terrenos, que debería ser un asunto prioritario. Nosotros estuvimos abogando porque se permitiera la continuación de la oficina que estaba trabajando el plan de uso de terrenos, pero fue cancelada. Otro tema en el que la Asamblea Legislativa debería asumir una posición más fiscalizadora y efectiva es en el tema del Departamento de Educación, muy particular en la Educación Especial. No hablo de seguir legislando, porque aquí podemos llenar una biblioteca con leyes y reglamentos que no dicen nada si no se ponen en vigor, pero en Educación Especial la situación ha estado en crisis durante mucho tiempo, y si se deja en manos del Ejecutivo aquí no va a pasar absolutamente nada. En el cuatrienio que viene, en lugar de celebrar vistas públicas sin ninguna consecuencia, en las que llega el secretario a decir exactamente lo que dijeron tres secretarios de Educación antes que él, la Asamblea Legislativa debería dirigirse a una posición que coloque a la Educación Especial en una virtual sindicatura para asegurar los servicios. A un joven de 21 años que sale de la jurisdicción del Departamento de Educación, nosotros, como país, no tenemos nada que ofrecerle. Muchos están condenados a vivir enclaustrados en sus casas hasta el fin de sus días.

¿Por qué hace falta en el Senado?

La gente reconoce en los legisladores del PIP a los únicos defensores auténticos de sus intereses. La gente sabe que a nosotros no nos calla nadie, sabe que somos insobornables y que, independientemente de la ideología que las otras personas profesen, nosotros vamos a estar haciendo lo que es mejor para el País, y creo que eso es algo que se puede decir de muy pocos, si de alguno, de los legisladores del PNP o del PPD.

Ficha

Edad: 39 años

Casada: con Héctor González

Profesión: Abogada

Películas preferidas: Ferris Bueller’s Day Off y Vampiros en La Habana

Libros preferidos: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar

Pasatiempos: Leer y cocinar

Qué le falta por hacer: Ver la independencia de Puerto Rico.

Nada que celebrar

Por: María de Lourdes Santiago – Vicepresidenta y Senadora PIP
Con una pobre asistencia y haciendo uso de cien mil dólares de fondos públicos, el Partido Popular celebró la semana pasada el quincuagésimo sexto aniversario de esa madama avejentada que es el ELA. Como todo el mundo anticipaba, Acevedo Vilá utilizó la ocasión para obsequiar al país con la versión ya más ensayada de su nuevo personaje del Aníbal “soberanista”, despachando con la mayor tranquilidad disparates como la “soberanía cultural” y jurando adhesión a las ideas que ha combatido toda su vida. Casi para reírse, si no fuera porque como independentista, me parece absolutamente asqueante que en la fiesta de cumpleaños de la colonia, el presidente del PPD, con las manos manchadas de sangre por la abierta colaboración de su gobierno en el asesinato de Filiberto Ojeda, se atreva a utilizar la tragedia de Maravilla para forzar la comparación entre la matanza de jóvenes que sólo aspiraban a que en este país mandemos los puertorriqueños, y su propia y vergonzosa situación de acusado por corrupción.

Pero más allá de la pantomima de cañonazos y guayaberas blancas, el pasado 25 de julio era, ciertamente, una fecha en la que nada tenía nuestro país para celebrar. Como nunca antes, la quiebra de este status de inferioridad política que ni es estado ni es libre ni es asociado, se hace patente, no ya en las disquisiciones políticas y jurídicas, sino en el día a día de los puertorriqueños y puertorriqueñas. El crecimiento económico del país no llega ni al 1%; nuestra tasa de participación laboral es de apenas el 45%; tenemos que exportar el 85% de los alimentos que consumimos; el desempleo anda por el 11%, y las quiebras han aumentado en un 100%. Para la gran mayoría de las familias, esas estadísticas se traducen en una verdad sencilla y amarga -la de tener que escoger cada quincena entre pagar la luz y el agua o hacer la compra.

En ninguna parte se hace tan evidente el fracaso de las políticas económicas supeditadas a una fórmula de status caduca como en el éxodo de industrias extranjeras. Por décadas, se le quiso hacer creer a los puertorriqueños que el ancla de la estabilidad económica del país lo representaban las industrias manufactureras, en especial las farmacéuticas, atraídas por el mantengo corporativo instrumentado mediante la Sección 936 y la Ley de Incentivos Industriales. Por apostar todo a la misma jugada, se ahogó cualquier otro tipo de iniciativa y se desvirtuó el concepto de desarrollo económico, sustituyéndolo por el de mayordomía al servicio de intereses extranjeros. Así, por ejemplo, el gobierno de turno podía convocar a la Prensa para anunciar al país el establecimiento de tal o cual compañía. Lo que no decían era que muchas de esas compañías traían productos de corta vida útil (como aquellos cuyas patentes están próximas a expirar), negociaban generosos créditos contributivos y luego se marchaban, dejando a los trabajadores puertorriqueños en la calle. Esto fue y sigue siendo posible porque nunca, bajo ninguna administración, se le ha pedido cuenta a los individuos responsables de conceder estos créditos.

Aún queda, sin embargo, lo peor por venir. En los últimos años, la industria farmacéutica a nivel mundial ha sufrido pérdidas cuantiosas. Compañías como Pfizer, Glaxo, Smith & Kline o Astra Zeneca todas con presencia en Puerto Rico, han experimentado una merma en sus ganancias de hasta 50%. Esto se debe, en buena medida, a la expiración de patentes para medicamentos de alto volumen de ventas. Esas fórmulas patentizadas no han podido ser sustituidas por nuevos medicamentos porque la industria farmacéutica, ante los criterios más estrictos impuestos por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, no ha logrado producir medicamentos lo bastante seguros como para entrar al mercado. En Puerto Rico, el efecto sera devastador: según vayan venciendo las patentes de los medicamentos que se fabrican en la isla, y su producción no sea sustituida por nuevas drogas, esas empresas continuarán abandonando el país y dejando a miles y miles de puertorriqueños sin forma de ganarse el sustento. Van a aprovecharse del negocio redondo que es para ellos reclamar créditos, deducciones y beneficios sin tener que dar nada a cambio, para irse cuando les parezca. Y mientras esto ocurre, el gobierno de Puerto Rico solo esquiva la mirada, sin hacer absolutamente nada para enfrentar el desastre.

La debacle no termina con las calamidades de las farmacéuticas. El gobierno de Puerto Rico siempre ha tenido fama de mala paga, pero nunca en los extremos de tiempos recientes. La Prensa ha reseñado en diversas ocasiones, la dilación en pagos a contratistas de todos los niveles, desde trabajadoras de educación especial hasta responsables de proyectos mayores y a suplidores. Para aquellos cuyos ingresos dependen del gobierno, sean individuos o compañías, dejar de recibir un pago implica que ellos a su vez no podrán cumplir sus obligaciones económicas con sus acreedores, en particular con la banca local. Según datos del FDIC, en Puerto Rico el nivel de morosidad asciende a los mil doscientos millones de dólares. Cuando cada una de esas cuentas morosas alcanza los 90 días de atraso, el banco está legalmente obligado a separar la cantidad adeudada de su reserva, para que responda por el incumplimiento de la obligación morosa.

Mientras más aumenta la morosidad, mayor la porción de su reserva que el banco se ve obligado a consumir, acercándose así al precipicio de la descapitalización. Las perspectivas se ensombrecen más si consideramos que el 20% de los depósitos en Puerto Rico, es decir, $12 mil millones, no están asegurados por el FDIC. La crisis fiscal del ELA ya no es un asunto de cerrar o no operaciones gubernamentales por dos semanas, es una espada de Damocles sobre la estabilidad de los sectores financieros del país.

No importa lo que cada cual quiera decir en sus discursos, ésa es la realidad del legado económico del ELA. Ya no se trata de discutir si ‘Manos a la Obra’ fue un gran proyecto o no, o de suspirar por las 936. Para los jóvenes de hoy, para ese país del futuro, Munoz Marín es un aeropuerto y Teodoro Moscoso un puente. La pregunta es si la herencia que dejará esta generación será la de crisis, bancarrota e inestabilidad, que es lo único que tiene que ofrecer el ELA, o si nos animamos a empezar a construir un Puerto Rico de progreso, libertad y esperanza.

Molestia del PIP con mensaje del Gobernador

Manuel Ernesto Rivera

SAN JUAN – Para la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, es “asqueante” que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá haya usado los asesinatos del Cerro Maravilla durante su mensaje del 25 de julio cuando, según alegó, su administración participó en la ejecución del líder machetero Filiberto Ojeda Ríos durante un operativo del FBI.

“Es asqueante y moralmente reprochable que haya utilizado los trágicos asesinatos de los jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla cuando tiene las manos manchadas de sangre porque su administración colaboró abiertamente en el operativo en el que los agentes del FBI asesinaron a Filiberto Ojeda Ríos”, dijo la legisladora en conferencia de prensa.

El Gobernador ha dicho que su gobierno no participó del operativo del 23 de septiembre de 2005, aunque sí ha reconocido que la Policía estableció un perímetro en el sector Plan Bonito de Hormigueros a petición de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones.

Además, la Autoridad de Energía Eléctrica cortó, a petición del FBI, el servicio de luz del sector mientras los federales aún mantenían control de la escena y Ojeda Ríos ya había resultado mortalmente herido.

Un informe del Departamento de Justicia también determinó que las autoridades locales no participaron directamente del polémico operativo.

En el aniversario número 56 de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico, Acevedo Vilá, recordó los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla hace 30 años.

El mandatario, que enfrenta 19 acusaciones en el tribunal federal relacionadas con el manejo de sus finanzas políticas, pidió al pueblo puertorriqueño que no olvide lo que catalogó como “uno de los momentos más trágicos de la intolerancia política en Puerto Rico”, en referencia a los dos asesinatos.

Los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví murieron a manos de agentes de la Policía el 25 de julio de 1978. Tres ex agentes cumplen condenas carcelarias relacionadas a esos hechos.

Aunque siempre se habló de la participación de funcionarios federales en el operativo en Villalba en 1978, el Senado nunca logró sentar a testificar a ningún funcionario estadounidense durante la pesquisa para aclarar ese ángulo.

Mientras, Ojeda Ríos murió desangrado en su residencia en septiembre de 2005 luego que un agente le hiciera un disparo mortal.

Tras herirlo, los agentes federales esperaron hasta el otro día para entrar la residencia donde yacía el cuerpo.

El líder machetero, considerado por el FBI como un terrorista, estuvo 15 años en la clandestinidad antes de que las autoridades estadounidenses lo encontraran y ejecutaran.

Irizarry Mora truena contra la quincalla electoral de Fortuño y Acevedo Vilá

Mayagüez – “Ya dieron el tiro de salida para empezar la quincalla electoral”, señaló el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dr. Edwin Irizarry Mora, ante la “burda competencia entre Fortuño y Acevedo Vilá para ver quien engaña más con el tema contributivo”. El catedrático en economía explicó que “ninguna de las propuestas de supuesto alivio contributivo del PPD y el PNP atiende la situación económica más angustiosa, que es la de los que ganan un salario ínfimo y de los que dependen de una pensión de miseria”.

Indicó Irizarry Mora que en el caso de la reducción de contribuciones del candidato Fortuño, que no contempla la eliminación del IVU aprobado por los legisladores estadistas y estadolibristas, no hay alivio alguno a los que apenas generan ingresos, pues se les sigue gravando de forma desproporcionada con el impuesto al consumo. En cuanto a la propuesta de Acevedo Vilá, el candidato independentista subrayó que al incluir la restitución del arbitrio general—esta vez sin las antiguas excepciones—y al retener las porciones del IVU que van a los municipios y al Fondo de Interés Apremiante, el efecto real será aumentar la carga contributiva de los que menos ganan. “El dinero seguirá saliendo del mismo lugar: del bolsillo de los que para poder pagar la luz, tienen que dejar de pagar el agua”, puntualizó el líder del PIP.

“¿Cómo es que hasta hace unos meses, el IVU era la salvación de la crisis fiscal y ahora su eliminación es la solución a todos los problemas?”, cuestionó Irizarry Mora. “Lo peor es la pretensión de Fortuño y Acevedo de decir cualquier cosa a tres meses de las elecciones, aunque vaya a contrapelo de lo que han dicho y hecho en los años anteriores. Si es que de verdad, de la noche a la mañana, interesan llevar justicia al sistema contributivo, el camino es uno sólo: imponer mayor responsabilidad a las grandes empresas que tributan al 3 ó 4 por ciento mientras la clase trabajadora sigue aportando el 75 por ciento de los ingresos del gobierno”, puntualizó.

Sobre la llamada concesión de la administración de la Lotería, el candidato a la gobernación del PIP indicó que “no importa el nombre, ésto es por donde quiera que se le mire, la privatización de un haber del pueblo de Puerto Rico. Si hay interés del sector privado en administrar la Lotería, es porque hay posibilidad de lucro. Entregar la Lotería lo que significa es que el PPD está dispuesto a aceptar cualquier cantidad para salir hoy del paso, aunque represente a la larga un mayor empobrecimiento del país”, finalizó Irizarry Mora.

Tribunal Supremo permite defensa de procesamiento selectivo en caso de candidato PIP

San Juan – Como un “triunfo para la libertad de expresión y un golpe a los intentos de amordazar al independentismo”, catalogó hoy el Partido Independentista una determinación judicial a favor de uno de sus candidatos. Según anunciaron en conferencia de prensa el Comisionado Electoral Juan Dalmau y la Senadora María de Lourdes Santiago, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión revocando determinaciones de los Tribunales de Primera Instancia y de Apelaciones que no permitieron a Luis Martínez Acosta, candidato del Partido Independentista a la alcaldía de Sabana Grande levantar la defensa de procesamiento selectivo por la fijación de carteles en propiedad pública.

LEA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO – pdf

La determinación del máximo foro judicial del país, que se convertirá en el caso normativo en este tema, establece que el Estado viene obligado a proporcionarle al acusado la prueba necesaria para demostrar que se le acusó por la comisión de una falta que, habiendo sido cometida anteriormente por miembros de otros partidos políticos, nunca había resultado en una acusación. El caso surge cuando en octubre de 2006, un agente de la Policía de Puerto Rico interviene con Luis Martínez Acosta, líder del PIP en Sabana Grande, mientras éste pintaba un mensaje alusivo al 60mo aniversario de la fundación del PIP en las paredes de un puente localizado en la Carretera Número 2. En la vista de causa probable, el agente testificó que varios puentes en la misma ruta se encuentran pasquinados y pintados con mensajes del PPD y del PNP y de distintas instituciones comerciales, pero que nunca se había citado ni a los simpatizantes de esos partidos ni a los representantes de las entidades comerciales.

Martínez planteó entonces que el proceso criminal en su contra era una selectivo y discriminatorio, y solicitó que el tribunal autorizara que el ministerio público le facilitara copia de las denuncias presentadas, si alguna, por infracciones al artículo del Código Penal por el cual se le estaba acusando. En apoyo a su solicitud, el candidato independentista presentó como evidencia varias fotografías de los murales y pasquines del PPD y el PNP, así como de propaganda comercial, y el testimonio del agente de policía del cual surge que nunca se había citado a nadie por la fijación de publicidad en esos puentes. El Tribunal de Primera Instancia no accedió a la solicitud del líder del PIP, y el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

De esa determinación el candidato pipiolo acudió al Supremo, que revocó la decisión de los tribunales inferiores, modificando además la norma impuesta por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en US v. Armstrong. Según la Opinión redacta por el Juez Francisco Rebollo, si se adoptara en Puerto Rico el estándar impuesto por la corte norteamericana “estaríamos convirtiendo en letra muerta la defensa de procesamiento selectivo y para todos los efectos prácticos, estaríamos abdicando sub silentio a nuestra función revisora de las actuaciones de la Rama Ejecutiva y sobre todo, nuestra función de velar porque los ciudadanos de nuestro País gocen de la protección de los derechos constitucionales involucrados”(Subrayado en el original).

El Tribunal Supremo determinó que las fotos de la propaganda del PPD y el PNP, y el testimonio del agente según el cual no se había jamás encausado a miembros de esos partidos, permite deducir “claramente que el reclamo de Martínez Acosta no es frívolo y que existe la posibilidad de en el encausamiento de Martínez Acosta hayan mediado motivaciones discriminatorias por razón de afiliación política o incluso, por rechazo al mensaje político que éste pretendía anunciar”. (Subrayado en el original). La jueza Anabel Rodríguez y el juez Hernández Denton disintieron, alegando que el que otros partidos tengan propaganda en los puentes y no hayan sido acusados “sólo sirve para establecer ese hecho, sin más”, y que el Estado no debe permitir que el candidato del PIP levante la defensa de procesamiento selectivo, ni le entregue la información que le permitiría argumentarla.

“La acusación a nuestro candidato de Sabana Grande es muestra de los resabios de persecución y discrimen que todavía existen en el país”, señaló la Senadora Santiago. “La determinación del Supremo es una gran victoria en contra de los abusos que aún hoy, en pleno siglo XXI, cometen las autoridades guiadas por la intolerancia y la irracionalidad”.

Por su parte, Juan Dalmau expresó que el gobierno de Acevedo Vilá ha articulado y está ejecutando una nueva ofensiva anti-independentista de cara a las próximas elecciones. “Hace semanas el Secretario de Transportación y Obras Públicas anunció que removerían toda la propaganda de puentes y postes. No obstante, la única propaganda política que están removiendo es la del PIP. Sucedió en Sabana Grande, Villalba, Juana Días, Aguas Buenas, Mayagüez, por sólo mencionar algunos pueblos. Que sepa Acevedo Vilá que vamos a combatir esta nueva mordaza que le quieren imponer al PIP. Esta determinación judicial es un paso en esa dirección”, concluyó.

Dedicarán actos Cerro Maravilla a presos políticos

Por: Ivonne Y. Rosario
EL VOCERO

La Coordinadora Nacional de las Actividades del Cerro de Los Mártires dedicará los actos de la Conmemoración del 30 Aniversario de los sucesos del Cerro Maravilla a los presos políticos y a Juan Antonio Corretjer, en su centenario.

Francisco T. Jordán, portavoz de la Coordinadora, destacó la relevancia del evento donde se le rendirá homenaje a los presos Haydeé Beltrán, Carlos Alberto Torres y Oscar López Rivera, quienes cumplen extensas condenas de prisión en cárceles federales.

El próximo viernes 25 de julio la actividad iniciará a las 8:30 a.m. en el Cerro Maravilla, donde fueron asesinados Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado a manos de la Policía. Se realizará una ceremonia de recordación íntima frente a las cruces de los jóvenes independentistas.

Rosa Meneses Albizu-Campos, presidenta del Partido Nacionalista de Puerto Rico; Héctor Pesquera Sevillano, portavoz del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano; Rafael Bernabé, portavoz del Frente Socialista; y el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Edwin Irizarry Mora, serán los oradores invitados.

“Para nosotros no es importante que sean 30 años, para nosotros lo importante es que las personas que fueron víctimas de este atropello todavía tienen miedo, todavía no sienten que pueden salir tranquilos a la calle”, destacó Jordán.

Sostuvo que lo que sucedió en el Cerro Maravilla se “repite con el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos y con la persecución de la cual continúan siendo sujeto los que luchan por la liberación de Puerto Rico”.

Por su parte, Juan Dalmau, secretario del PIP, opinó que los ex agentes encarcelados por estos hechos, que llevan más de 20 años en prisión, deben cumplir la totalidad de su sentencia y no concederle el privilegio de salir a la libre comunidad bajo la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). Se refiere a los ex policías Nelson González, Rafael Moreno Morales y Rafael Torres Marrero.

“Pueden ver a su familia, pueden abrazar a sus hijos…a los compañeros que fueron asesinados sus padres no pueden abrazarlos. Ellos tienen que cumplir la totalidad de la pena impuesta, lo contrario sería humillar la memoria (de Rosado y Soto Arriví)”, denunció Dalmau.

NO SE ENSEÑA LA VERDADERA HISTORIA DE PUERTO RICO

Para el ex profesor de Historia de Puerto Rico, Joaquín Chévere Rivera, a los estudiantes no se le enseña la verdadera historia de la Isla, porque –según él- se obvian algunos acontecimientos o simplemente no se va más allá. Este es el caso del Cerro Maravilla.

Chévere Rivera, quien por 15 años enseñó Historia de Puerto Rico en el sistema público del país, aseguró que nunca le ocultó la verdad a sus estudiantes del nivel superior sobre el Grito de Lares, Cerro Maravilla y las figuras de Pedro Albizu Campos y Ramón Emeterio Betances, entre otros.

“En términos generales la falla principal de la Historia de Puerto Rico es que ha sido ocultada, negada por razones que conocemos, porque al sistema no le conviene que se conozca la verdadera historia”, alegó Chévere Rivera, recordando que durante sus años como profesor fue perseguido por los directores y supervisores de las escuelas donde trabajó por ser independentista y por enseñarle a sus estudiantes “los verdaderos eventos que marcaron la historia del país”.

Aniversario 225 de Simón Bolívar, hombre de cuatro siglos

Por: Roberto Pérez Betancourt (AIN, especial para ARGENPRESS.info) 

Nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y fue nombrado a la usanza con extenso patronímico: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Sin embargo, su epopeya fue de tal magnitud que bastaría un simple apelativo para denotar toda su grandeza: El Libertador.

Este año se conmemora el aniversario 225 del natalicio de Simón Bolívar, cuya trascendencia histórica rebasa cuatro siglos, se proyecta hacia el futuro y junto al pensamiento y la obra de otros grandes de América, sirve de acicate para impulsar los ideales de unidad regional y de amplia justicia social para los pueblos americanos al sur del Río Grande.

Los padres de Simón Bolívar, Don Juan Vicente Bolívar y Ponte, y doña María de la Concepción Palacios y Blanco, fallecieron en fecha temprana y el niño quedó huérfano a los nueve años, aunque sus biógrafos coinciden en afirmar que recibió excelente educación de sus tutores, especialmente de Simón Rodríguez.

Bolívar accedió a las principales fuentes del saber ilustrado de finales del siglo XVIII, y alimentó su acervo con el pensamiento de notables filósofos, viajó por Europa y conoció a importantes protagonistas de la historia y las ciencias contemporáneas, como Napoleón Bonaparte y Alejandro de Humboldt.

Imbuido de las ideas liberales, signo definitorio que trazaría su ejecutoria futura, expresada en 1805 cuando juró en Roma la decisión de no descansar hasta obtener la liberación de su país de la dominación española.

La voluntad férrea como principal arma sirvió al Libertador para asimilar conocimientos de guerra que no tuvo en su formación temprana, en tanto, su preclara inteligencia le posibilitó elaborar y fundamentar razones de la lucha independentista que insufló a las grandes masas del continente para bregar por la vida y el futuro fundacional de las patrias latinoamericanas.

Su gran sueño, formar una confederación con las antiguas colonias españolas, fue muy adelantado para la época en que le correspondió batallar, pero a la vez devino constante acicate para sus acciones temerarias tras la liberación de Venezuela.

Cruza los Andes y vence en la batalla de Boyacá (1819), que posibilitó la liberación del entonces Virreinato de Granada, e integra la Gran Colombia (abarcadora de los extensos territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá), donde ejerció la presidencia.

Sucesivas batallas con la colaboración de otros grandes patriotas americanos, Pichincha, en 1822 y la definitiva Ayacucho, 1824, pusieron punto final al dominio colonial español en el cono sur americano. Posteriores acciones militares también decidieron la integración de Bolivia y Perú, donde igualmente fue Presidente en distintos períodos.

En 1827, debido a rivalidades personales entre los generales de la revolución, explotaron guerras civiles que destrozaron la unión sudamericana por la cual Bolívar había luchado. Triste por las guerras de fracciones, enfermo de tuberculosis, según constatan historiadores, el Libertador murió el 17 de diciembre de 1830, a los 47 años de edad.

La esencia libertaria del pensamiento y el ejemplo revolucionario de Simón Bolívar ha nutrido a importantes patriotas americanos a lo largo de los dos últimos siglos, quienes lo han reconocido en sus obras y discursos.

Entre ellos destacan José Martí, Apóstol de la independencia de Cuba; Fidel Castro, artífice de la revolución antiimperialista en la Isla, cuyo ejemplo y acción han trascendido con fuerza movilizadora y creativa a naciones hermanas de Latinoamérica y Africa, y Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, impulsor hoy del socialismo en el siglo XXI.

Habida cuenta la influencia real del pensamiento bolivariano en los avances democráticos que se constatan en naciones latinoamericanas, y las proyecciones de justicia social que se avizoran en otras, es incuestionable que la obra del Libertador no se puede constreñir al tiempo finito que le tocó vivir, porque ella se expande en cuatro siglos y aún apunta hacia el fututo.