Entrevista a María de Lourdes Santiago

Por Alba Y. Muñiz Gracia – El Nuevo Día
amuniz@elnuevodia.com

Antes de convertirse en senadora, María de Lourdes Santiago había trabajado en la Legislatura desde 1997. En la Cámara de Representantes, se desempeñó como asesora legal del ex legislador Manuel Rodríguez Orellana y de su ahora compañero de delegación, Víctor García San Inocencio. Luego trabajó en la oficina del ex senador Fernando Martín García, a quien sustituyó en el 2004, cuando resultó electa a su primer cuatrienio.

En esta entrevista con elnuevodia.com, la senadora adjunteña habló de sus experiencias, prioridades y planes futuros si revalida como senadora.

¿Cómo ha sido su experiencia durante su primer cuatrienio como senadora?

Aunque a veces uno no quisiera hacer del género un ‘issue’, la realidad es que las cosas se ven distintas desde la perspectiva femenina. Un tema que ha sido manejado muchísimo en los últimos días, el de las cesáreas, no creo que le habría puesto el mismo interés o el mismo empeño si uno no tiene la experiencia de la maternidad. Han sido años de mucha satisfacción, de mucho trabajo. Dicen que el que no se ilusiona no se desilusiona. Así que, en ese sentido, no puedo decir que esté desencantada, aunque a veces cuesta mucho aceptar que en la Asamblea Legislativa, como en todos los renglones del Gobierno de Puerto Rico, la racionalidad y el mejor interés del País no siempre son los que prevalecen a la hora de tomar las decisiones más importantes.

¿Cuáles han sido los proyectos más importantes que ha presentado durante el cuatrienio?

La propuesta nuestra de Ley de Costas, que es un proyecto que se radicó a través de la oficina legislativa del partido, pero que recoge el trabajo de dos años de los mejores científicos de Puerto Rico sobre el tema del manejo del recurso marítimo. Oceanógrafos, biólogos marinos, líderes comunitarios y abogados expertos ambientales produjeron un documento extraordinario que, lamentablemente, no recibió ninguna consideración en el Senado de Puerto Rico. En el tema económico, las propuestas que presentamos durante el cierre del Gobierno para aumentar la responsabilidad contributiva de las grandes corporaciones en Puerto Rico que tributan a una tasa ridículamente baja, a un 4%, 7%, algunas al 0%, como un remedio para aliviar la crisis de ese momento, que tampoco fue favorablemente considerada. El tema de las mujeres, las propuestas para obligar a los obstetras que les notifiquen a las pacientes la tasa de cesáreas que realizan. También la medida para promover el enfoque verdaderamente salubrista en cuanto al tratamiento a los drogodependientes, que fue aprobado en Cámara y Senado, y vetado por el Gobernador alegando que no había recursos para iniciar un proyecto como ese en Puerto Rico. Y temas que el partido ha estado manejando durante décadas, como la unicameralidad. El PIP fue el primer partido en presentar una propuesta de unicámara en el 1985.

¿Cuáles proyectos de su autoría se convirtieron en ley?

La Ley para el Acompañamiento en el Parto y la extensión de la licencia de lactancia, que originalmente fue un proyecto de Víctor García San Inocencio, que disponía que tenía que ser una hora de licencia por cada día laborable. Se aprobaron 30 minutos nada más en la versión original y nos tomó 10 años recuperar esos 30 minutos adicionales. Otro proyecto aprobado fue para eliminar de la política pública y de las prácticas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales disecar los mangles en Puerto Rico, y estamos esperando, en el tema de las cesáreas, si el Gobernador (Aníbal Acevedo Vilá) nos veta o no la medida.

¿Cuáles serían sus prioridades para el próximo cuatrienio si logra la reelección?

La posición del PIP en cuanto a la propuesta legislativa es algo un poco particular. Nuestra responsabilidad es seguir insistiendo porque son temas que, aunque no se adopten de momento, aunque no reciban el visto bueno de la mayoría, con el correr del tiempo se convierten en el eje de la discusión pública. Ha sido así con la unicameralidad, con el tema de los drogodependientes y el seguro de salud universal, así que a mí me tocará insistir en muchos de los temas que estuvimos trabajando durante este cuatrienio con acercamientos más agresivos. Por ejemplo, en el tema de los drogodependientes, creo que aquí hay que empezar a hacer cosas más radicales. Tenemos que fomentar los intercambios de jeringuillas, que han resultado tan exitosos entre los dependientes a la heroína. Creo que aquí hay que atreverse a hacer propuestas de espacios de inyección segura donde los adictos puedan tener acceso a lo que necesitan para inyectarse sin ponerse en riesgo de contagio de VIH o de hepatitis. En el tema de la mujer, proponer una Ley de Partería que contribuya a la desmedicalización del parto. Pero lo que va a seguir siendo un tema central es el déficit del Gobierno, que se anticipa que podría llegar a los $1,000 millones para el próximo año fiscal.

¿Cómo el PIP planea evitar la fuga de votos que le costó la franquicia electoral en las pasadas elecciones?

Hubo varios factores en el cuatrienio pasado. Hubo personas que ante la imagen demonizada de (Pedro) Rosselló quisieron ilusionarse con la figura de (Aníbal) Acevedo Vilá. No creo que de esos queden muchos, a menos que sea gente que ya está decidida a declararse popular y estadolibrista. El que diga ahora que Aníbal Acevedo Vilá es un defensor de la gente trabajadora, de los marginados, o que es una persona progresista ha estado en la luna en los pasados años. También hubo gente que se quedó sin votar. Nuestra estrategia es garantizar que se inscriban independentistas, irlos a buscar. Nosotros estamos, desde hace ya meses, en un calendario bien intenso de caminatas. No hay un sustituto de la visita casa a casa y hemos tenido una experiencia extraordinaria.

¿Podría el PPR restarle votos al PIP?

Me imagino que siempre habrá gente que vea algún atractivo en la novedad, pero como recientemente ha quedado demostrado con el endoso de algunos de sus principales candidatos al candidato popular a la alcaldía de San Juan, son personas de ideología reciclada. Creo que son personas que responden ideológicamente a una cultura política del pasado. Hay muy poca identificación de la gente real, de la gente en la calle con un partido que en realidad es pintura y capota. Me parece que, además, comparando candidatos con nuestro candidato a la gobernación (Edwin Irizarry Mora), los de los demás partidos no le llegan a los tobillos ni en capacidad, ni en franqueza, ni en honestidad, ni en legitimidad y eso es algo que la gente está percibiendo.

¿Qué es lo nuevo que ofrece el PIP en estas elecciones?

Primero, nuestro candidato a la gobernación, que es la primera vez que es candidato y que, además, es el primer candidato en mucho tiempo que no es del área metropolitana. Edwin (Irizarry Mora) nació y se crió en Mayagüez. Y, segundo, vamos a estar presentando propuestas que, te aseguro, ninguno de los líderes de los otros partidos puede replicar, porque cuando hablamos del tema económico nosotros no decimos, por ejemplo, que el IVU hay que eliminarlo para las compras de regreso a clases o para navidades. Decimos que aquí se va a acabar con ese abuso de exceso de carga contributiva a las familias trabajadoras y vamos a imponer mayor responsabilidad a los que más generan en este País. Vamos a hacer propuestas con la formulación de presupuestos multianuales. Una de las razones de la crisis fiscal ha sido la de continuar aprobando año tras año presupuestos en violación a la Constitución. Aquí, consistentemente durante ocho años se han estado aprobando presupuestos en el que los gastos exceden por mucho toda posibilidad de recaudo. Eso no es solamente que sea inconstitucional, es que es algo administrativamente irresponsable. En el tema de la salud vamos a proponer un seguro médico universal, eliminando a las aseguradoras. No lo que propone el PNP, que es otra manera de disfrazar el concederle grandes beneficios a esas empresas, sino sacar del medio en la provisión de servicios a las aseguradoras, que son las que se llevan la mayor tajada del presupuesto en este momento.

¿Cuáles deberían ser las prioridades de la Legislatura?

El tema de la planificación, en el que habíamos propuesto una moratoria en la construcción de nuevos centros comerciales. Nos parece un tema urgente por dos razones: primero, porque los centros comerciales se están construyendo en su mayoría en zonas inundables y porque se han convertido en la gran amenaza a los pequeños comerciantes de los casos urbanos de los municipios más pequeños. Hay asuntos sobre los cuales la Asamblea Legislativa ha tenido responsabilidad no tan directa, como el Plan de Uso de Terrenos, que debería ser un asunto prioritario. Nosotros estuvimos abogando porque se permitiera la continuación de la oficina que estaba trabajando el plan de uso de terrenos, pero fue cancelada. Otro tema en el que la Asamblea Legislativa debería asumir una posición más fiscalizadora y efectiva es en el tema del Departamento de Educación, muy particular en la Educación Especial. No hablo de seguir legislando, porque aquí podemos llenar una biblioteca con leyes y reglamentos que no dicen nada si no se ponen en vigor, pero en Educación Especial la situación ha estado en crisis durante mucho tiempo, y si se deja en manos del Ejecutivo aquí no va a pasar absolutamente nada. En el cuatrienio que viene, en lugar de celebrar vistas públicas sin ninguna consecuencia, en las que llega el secretario a decir exactamente lo que dijeron tres secretarios de Educación antes que él, la Asamblea Legislativa debería dirigirse a una posición que coloque a la Educación Especial en una virtual sindicatura para asegurar los servicios. A un joven de 21 años que sale de la jurisdicción del Departamento de Educación, nosotros, como país, no tenemos nada que ofrecerle. Muchos están condenados a vivir enclaustrados en sus casas hasta el fin de sus días.

¿Por qué hace falta en el Senado?

La gente reconoce en los legisladores del PIP a los únicos defensores auténticos de sus intereses. La gente sabe que a nosotros no nos calla nadie, sabe que somos insobornables y que, independientemente de la ideología que las otras personas profesen, nosotros vamos a estar haciendo lo que es mejor para el País, y creo que eso es algo que se puede decir de muy pocos, si de alguno, de los legisladores del PNP o del PPD.

Ficha

Edad: 39 años

Casada: con Héctor González

Profesión: Abogada

Películas preferidas: Ferris Bueller’s Day Off y Vampiros en La Habana

Libros preferidos: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar

Pasatiempos: Leer y cocinar

Qué le falta por hacer: Ver la independencia de Puerto Rico.

Nada que celebrar

Por: María de Lourdes Santiago – Vicepresidenta y Senadora PIP
Con una pobre asistencia y haciendo uso de cien mil dólares de fondos públicos, el Partido Popular celebró la semana pasada el quincuagésimo sexto aniversario de esa madama avejentada que es el ELA. Como todo el mundo anticipaba, Acevedo Vilá utilizó la ocasión para obsequiar al país con la versión ya más ensayada de su nuevo personaje del Aníbal “soberanista”, despachando con la mayor tranquilidad disparates como la “soberanía cultural” y jurando adhesión a las ideas que ha combatido toda su vida. Casi para reírse, si no fuera porque como independentista, me parece absolutamente asqueante que en la fiesta de cumpleaños de la colonia, el presidente del PPD, con las manos manchadas de sangre por la abierta colaboración de su gobierno en el asesinato de Filiberto Ojeda, se atreva a utilizar la tragedia de Maravilla para forzar la comparación entre la matanza de jóvenes que sólo aspiraban a que en este país mandemos los puertorriqueños, y su propia y vergonzosa situación de acusado por corrupción.

Pero más allá de la pantomima de cañonazos y guayaberas blancas, el pasado 25 de julio era, ciertamente, una fecha en la que nada tenía nuestro país para celebrar. Como nunca antes, la quiebra de este status de inferioridad política que ni es estado ni es libre ni es asociado, se hace patente, no ya en las disquisiciones políticas y jurídicas, sino en el día a día de los puertorriqueños y puertorriqueñas. El crecimiento económico del país no llega ni al 1%; nuestra tasa de participación laboral es de apenas el 45%; tenemos que exportar el 85% de los alimentos que consumimos; el desempleo anda por el 11%, y las quiebras han aumentado en un 100%. Para la gran mayoría de las familias, esas estadísticas se traducen en una verdad sencilla y amarga -la de tener que escoger cada quincena entre pagar la luz y el agua o hacer la compra.

En ninguna parte se hace tan evidente el fracaso de las políticas económicas supeditadas a una fórmula de status caduca como en el éxodo de industrias extranjeras. Por décadas, se le quiso hacer creer a los puertorriqueños que el ancla de la estabilidad económica del país lo representaban las industrias manufactureras, en especial las farmacéuticas, atraídas por el mantengo corporativo instrumentado mediante la Sección 936 y la Ley de Incentivos Industriales. Por apostar todo a la misma jugada, se ahogó cualquier otro tipo de iniciativa y se desvirtuó el concepto de desarrollo económico, sustituyéndolo por el de mayordomía al servicio de intereses extranjeros. Así, por ejemplo, el gobierno de turno podía convocar a la Prensa para anunciar al país el establecimiento de tal o cual compañía. Lo que no decían era que muchas de esas compañías traían productos de corta vida útil (como aquellos cuyas patentes están próximas a expirar), negociaban generosos créditos contributivos y luego se marchaban, dejando a los trabajadores puertorriqueños en la calle. Esto fue y sigue siendo posible porque nunca, bajo ninguna administración, se le ha pedido cuenta a los individuos responsables de conceder estos créditos.

Aún queda, sin embargo, lo peor por venir. En los últimos años, la industria farmacéutica a nivel mundial ha sufrido pérdidas cuantiosas. Compañías como Pfizer, Glaxo, Smith & Kline o Astra Zeneca todas con presencia en Puerto Rico, han experimentado una merma en sus ganancias de hasta 50%. Esto se debe, en buena medida, a la expiración de patentes para medicamentos de alto volumen de ventas. Esas fórmulas patentizadas no han podido ser sustituidas por nuevos medicamentos porque la industria farmacéutica, ante los criterios más estrictos impuestos por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, no ha logrado producir medicamentos lo bastante seguros como para entrar al mercado. En Puerto Rico, el efecto sera devastador: según vayan venciendo las patentes de los medicamentos que se fabrican en la isla, y su producción no sea sustituida por nuevas drogas, esas empresas continuarán abandonando el país y dejando a miles y miles de puertorriqueños sin forma de ganarse el sustento. Van a aprovecharse del negocio redondo que es para ellos reclamar créditos, deducciones y beneficios sin tener que dar nada a cambio, para irse cuando les parezca. Y mientras esto ocurre, el gobierno de Puerto Rico solo esquiva la mirada, sin hacer absolutamente nada para enfrentar el desastre.

La debacle no termina con las calamidades de las farmacéuticas. El gobierno de Puerto Rico siempre ha tenido fama de mala paga, pero nunca en los extremos de tiempos recientes. La Prensa ha reseñado en diversas ocasiones, la dilación en pagos a contratistas de todos los niveles, desde trabajadoras de educación especial hasta responsables de proyectos mayores y a suplidores. Para aquellos cuyos ingresos dependen del gobierno, sean individuos o compañías, dejar de recibir un pago implica que ellos a su vez no podrán cumplir sus obligaciones económicas con sus acreedores, en particular con la banca local. Según datos del FDIC, en Puerto Rico el nivel de morosidad asciende a los mil doscientos millones de dólares. Cuando cada una de esas cuentas morosas alcanza los 90 días de atraso, el banco está legalmente obligado a separar la cantidad adeudada de su reserva, para que responda por el incumplimiento de la obligación morosa.

Mientras más aumenta la morosidad, mayor la porción de su reserva que el banco se ve obligado a consumir, acercándose así al precipicio de la descapitalización. Las perspectivas se ensombrecen más si consideramos que el 20% de los depósitos en Puerto Rico, es decir, $12 mil millones, no están asegurados por el FDIC. La crisis fiscal del ELA ya no es un asunto de cerrar o no operaciones gubernamentales por dos semanas, es una espada de Damocles sobre la estabilidad de los sectores financieros del país.

No importa lo que cada cual quiera decir en sus discursos, ésa es la realidad del legado económico del ELA. Ya no se trata de discutir si ‘Manos a la Obra’ fue un gran proyecto o no, o de suspirar por las 936. Para los jóvenes de hoy, para ese país del futuro, Munoz Marín es un aeropuerto y Teodoro Moscoso un puente. La pregunta es si la herencia que dejará esta generación será la de crisis, bancarrota e inestabilidad, que es lo único que tiene que ofrecer el ELA, o si nos animamos a empezar a construir un Puerto Rico de progreso, libertad y esperanza.

Molestia del PIP con mensaje del Gobernador

Manuel Ernesto Rivera

SAN JUAN – Para la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, es “asqueante” que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá haya usado los asesinatos del Cerro Maravilla durante su mensaje del 25 de julio cuando, según alegó, su administración participó en la ejecución del líder machetero Filiberto Ojeda Ríos durante un operativo del FBI.

“Es asqueante y moralmente reprochable que haya utilizado los trágicos asesinatos de los jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla cuando tiene las manos manchadas de sangre porque su administración colaboró abiertamente en el operativo en el que los agentes del FBI asesinaron a Filiberto Ojeda Ríos”, dijo la legisladora en conferencia de prensa.

El Gobernador ha dicho que su gobierno no participó del operativo del 23 de septiembre de 2005, aunque sí ha reconocido que la Policía estableció un perímetro en el sector Plan Bonito de Hormigueros a petición de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones.

Además, la Autoridad de Energía Eléctrica cortó, a petición del FBI, el servicio de luz del sector mientras los federales aún mantenían control de la escena y Ojeda Ríos ya había resultado mortalmente herido.

Un informe del Departamento de Justicia también determinó que las autoridades locales no participaron directamente del polémico operativo.

En el aniversario número 56 de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico, Acevedo Vilá, recordó los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla hace 30 años.

El mandatario, que enfrenta 19 acusaciones en el tribunal federal relacionadas con el manejo de sus finanzas políticas, pidió al pueblo puertorriqueño que no olvide lo que catalogó como “uno de los momentos más trágicos de la intolerancia política en Puerto Rico”, en referencia a los dos asesinatos.

Los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví murieron a manos de agentes de la Policía el 25 de julio de 1978. Tres ex agentes cumplen condenas carcelarias relacionadas a esos hechos.

Aunque siempre se habló de la participación de funcionarios federales en el operativo en Villalba en 1978, el Senado nunca logró sentar a testificar a ningún funcionario estadounidense durante la pesquisa para aclarar ese ángulo.

Mientras, Ojeda Ríos murió desangrado en su residencia en septiembre de 2005 luego que un agente le hiciera un disparo mortal.

Tras herirlo, los agentes federales esperaron hasta el otro día para entrar la residencia donde yacía el cuerpo.

El líder machetero, considerado por el FBI como un terrorista, estuvo 15 años en la clandestinidad antes de que las autoridades estadounidenses lo encontraran y ejecutaran.