Energía barata y abundante

La solución a la crisis energética por la que atraviesa Puerto Rico la tenemos a nuestro alcance en este momento. La ausencia de voluntad para desarrollar nuestras fuentes renovables explica por qué estamos pagando un precio tan alarmantemente alto por la energía eléctrica que consumimos, así como por los bienes y servicios que dependen de la electricidad.

En reiteradas ocasiones he denunciado que la política energética de la administración Acevedo Vilá nos condenará a que en el año 2017 estemos dependiendo en 98% de combustibles fósiles, todos importados. La construcción de los gasoductos constituye un grave error de planificación, ya que Puerto Rico no controla ni el precio ni la oferta relativa del gas natural, como tampoco ocurre con el carbón o el petróleo. La propuesta de Acevedo Vilá se basa, además, en la privatización de la producción de energía, ya que bajo su administración la Autoridad de Energía Eléctrica continuó y le continuará comprando electricidad a compañías privadas que queman y continuarán quemando uno de los referidos combustibles en distintas regiones del País. Esto significa que se construirán “plantas” de carbón y de gas natural cerca de comunidades alrededor del País, amenazando la salud y seguridad de éstas.

La pregunta fundamental que se formulan los distintos sectores de nuestra sociedad es: ¿qué alternativa tenemos para reducir drásticamente el costo de la electricidad y para asegurar un futuro energético ajustado a nuestras necesidades inmediatas y futuras? La respuesta radica en que a partir de hoy mismo comencemos a ejecutar una política energética basada en nuestras fuentes renovables. Si damos ese paso ahora, muy pronto nos beneficiaremos de tener a nuestro alcance energía eléctrica barata y abundante.

Como primer paso debemos considerar los hallazgos y las propuestas de nuestros científicos, ingenieros y expertos en el tema energético. Muchas de esas propuestas tienen más de dos décadas de haber sido traídas ante la consideración de las autoridades gubernamentales. Las distintas formas de energía solar, incluyendo la conversión de esta fuente en electricidad -lo que se conoce como energía fotovoltaica- así como la energía océano térmica, la eólica o del viento (que debe instalarse en lugares que no impacten lugares ecológicamente sensitivos), las micro-hidroeléctricas en la zona central y la energía de las olas del mar, entre otras, constituyen alternativas cuya viabilidad ambiental y comercial ha sido probada en distintos lugares del mundo.

Mi programa de gobierno se centra en el desarrollo pleno de estas fuentes para que en el futuro cercano tengamos la diversificación energética que el País necesita. Mientras tanto, urge que la Administración de Asuntos de Energía (AAE) juegue el papel que se le asignó desde que se fundó. Desgraciadamente, las funciones de esta agencia fueron usurpadas por la Autoridad de Energía Eléctrica. Ello explica por qué esta última agencia desarrolló proyectos basados en combustibles fósiles, tanto para ampliar su red de producción como para impulsar la construcción de centrales termoeléctricas privadas. Las fuentes renovables sencillamente fueron sacadas de los planes gubernamentales.

Los consumidores, las comunidades, el sector gubernamental y las empresas tienen mucho de qué beneficiarse con nuestro enfoque. Por un lado, serán testigos de una reducción drástica en su factura tan pronto los proyectos de fuentes renovables comiencen a producir electricidad a un costo menor y con poco o ningún impacto sobre el medioambiente. Tal disminución en el pago por el consumo de energía eléctrica constituye un paso urgente para abaratar costos de producción en nuestra economía y para traer un alivio al bolsillo de cientos de miles de familias y empresarios.

Por otro lado, mediante la conversión de la Autoridad de Energía Eléctrica en una entidad que promueva el desarrollo e instalación de tecnologías renovables, la ciudadanía en general, las agencias públicas y los municipios, así como el sector empresarial, tendrán acceso a equipos y a servicios que permitirán diversificar de una vez y por todas las fuentes energéticas.

El enfoque de planificación de los recursos energéticos que propongo pondrá a Puerto Rico a la altura de los tiempos y garantizará la solución permanente a nuestra crisis actual.

Sólo falta la voluntad para ejecutarlo. A ello me comprometo.

Ante tribunales pugna con Aponte

Por: Mara D. Resto Vélez
EL VOCERO

La disputa por la presidencia de la Comisión Especial Evaluadora de la Cámara de Representantes llegó ayer hasta los tribunales, luego de que los portavoces de las minorías sometieran sendos interdictos impugnando la presidencia de José Aponte en dicho organismo.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, y su homólogo pipiolo Víctor García San Inocencio presentaron dos recursos por separado ante el Tribunal Superior de Hato Rey señalando que el Presidente cameral violó el artículo 12.1 del Reglamento de ese Cuerpo Legislativo al autodesignarse presidente de la comisión que busca evaluar las acusaciones criminales que enfrenta el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Esto se dio luego de sostener una vista ejecutiva en la que el propio Aponte, con el aval de su delegación, designó a la representante Lourdes Ramos como presidenta interina de la Comisión para que se aprobara el organismo. Es en el reglamento de esta Comisión donde se dispone que el líder cameral presidirá la misma.

“Ningún reglamento de Comisión puede ir por encima del Reglamento de la Cámara de Representantes que tiene y está basado en preceptos constitucionales, específicamente en el artículo 3. Esto es una afrenta de Aponte y sigue demostrando que la silla de presidente le queda grande”, sentenció Ferré.

Por su parte, García San Inocencio explicó que en la acción de interdicto que sometió solicita que se declare nulo e ineficaz todo lo que haya decidido Aponte actuando como presidente de facto y que se le prohíba permanentemente asimilar la presidencia de la Comisión. Dijo que pidió además la anulación del interinato de Ramos como presidenta del organismo.

“La regla es clara. El señor Aponte no es Napoleón Bonaparte. Hay un reglamento constitucional de la Cámara de Representantes que lo prohíbe. Es tan claro que no debe tomar mucho tiempo obtener el amparo judicial”. “Bonita forma de investigar circunstancias que dan base a acusaciones criminales cuando se constituye y dirige esa Comisión desde la ilegalidad”, añadió.

Sin embargo, Aponte cuestionó el “miedo” de las minorías de que sea él quien lidere los trabajos “evaluativos” sobre el caso del Gobernador ya que actualmente preside la Comisión de Salud Mental y nadie se lo ha impugnado.

“¿Cuál es el miedo a que yo presida la Comisión, si ya se tomó una determinación y en mi delegación nadie la ha cuestionado?”, dijo Aponte.

Informó que durante los próximos días estará convocando a los trabajos de la Comisión Evaluadora para establecer el plan de trabajo. No obstante, aseguró que sus abogados se encargarán de debatir en los tribunales la impugnación hecha por las minorías.

Sobre esto, Ferrer aseguró la actitud de Aponte demuestra su ignorancia y que como “el derecho es rogado”, confía en que el Tribunal falle a su favor. Indicó que estará representado por el licenciado Fernando Torres Ramírez, ex juez, ex secretario del DACO y ex secretario del PPD.

En tanto, los abogados que representarán a García San Inocencio son los licenciados José Nazario de la Rosa, José Torres Valentín y Juan Mercado Nieves. El Presidente cameral no quiso revelar quién será su defensa y sólo comentó que la misma será seleccionada por el director de la Oficina de Asesoría Legal de la Cámara, Richard Marcus.

Además de Aponte, García San Inocencio, Ferré y Ramos, la Comisión Especial Evaluativa está compuesta por el popular Luis Vega Ramos y los novoprogresistas Rolando Crespo, Iris Miriam Ruiz, Luis Junior Pérez y Jennifer González.

Sin embargo, ayer mismo González renunció a la Comisión porque no estuvo ni está de acuerdo con la creación de la misma debido a que el Partido había determinado que no se iniciaría un proceso de residenciamiento contra el Ejecutivo, por lo que no tiene sentido la creación de un grupo investigativo como este. Esta lo informó a través de una carta enviada a Aponte, en la que subraya que por respeto a ella misma y al pueblo, no formará parte de una comisión que interfiera en la investigación del Ejecutivo.

Contrario al reglamento e ilegal designación de Aponte Hernández

El portavoz del PIP Víctor García San Inocencio, anuncio que estará presentando un recurso interdictal contra el Presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, quien so color de autoridad ostenta ilegalmente la presidencia de la Comisión Especial Evaluativa creada al amparo de la Resolución de la Cámara 8318.

 

“Hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para evitar este disloque provocado por la violación al Reglamento de la Cámara de Representantes. Advertido públicamente y por carta al Presidente de la Cámara que el Reglamento de la Cámara de Representantes esta por encima de cualquier reglamento de comisión y que la prohibición que contiene va en contra de cualquier designación de la mayoría parlamentaria. Sin embargo el Presidente del Cuerpo en un acto de prepotencia insiste en adjudicarse la presidencia de la Comisión Especial Evaluativa. No nos ha dejado otro recurso que acudir al tribunal para restaurar el orden reglamentario y proteger los derechos del pueblo para evitar que se utilicen recursos públicos mientras la investigación esta manchada por una comisión presidida ilegalmente” concluyó García San Inocencio.