Por Mario Santana Ortiz – El VoceroAl igual que Acevedo Vilá, el candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) propone un modelo salubrista para atender el problema de adicción a drogas y que ese modelo incluya la medicación. Una diferencia importante es que el PIP lleva más de 20 años proponiendo ese cambio de visión.
Además, la propuesta del PIP parece ser más honesta, o al menos se toma la molestia de aclarar que no hay alternativas de medicación disponibles para la adicción a la cocaína y al ‘crack‘. Reconoce que la alternativa de que el Estado le provea al adicto su droga de consumo tampoco está disponible en Puerto Rico mientras mantenga su relación política con los Estados Unidos.
También reconoce que “ningún programa de medicación puede ser totalmente efectivo sin la atención necesaria a los factores psicológicos y sociales”.
La propuesta define qué es medicación. “Cuando hablamos de medicación nos referimos a la utilización de fármacos prescritos por un médico, formulados para atender las bases neurológicas de la dependencia y sus consecuencias psicosociales”, dice. Y sostiene que un programa efectivo de medicación contribuye a reducir la demanda de drogas en el mercado ilegal.
Asimismo, calcula que en Puerto Rico hay unas 70,000 personas adictas a drogas ilegales, que combatir esta adicción le cuesta a los contribuyentes unos $600 millones al año y que el 86% de ese dinero se destina a procesamiento criminal y encarcelamiento.
Además, aboga por que las universidades cambien su enfoque en la preparación de profesionales que trabajarán con adictos y que los planes médicos, incluyendo la Reforma de Salud, cubran el costo de los fármacos disponibles para medicar a los adictos –la metadona y la buprenorfina. También propone aumentar la cantidad de médicos cualificados para recetar buprenorfina.
Asimismo, plantea flexibilizar el programa de metadona y extenderlo a las cárceles y que el Estado tenga 50 espacios para desintoxicación y tratamiento de adictos, de forma que la espera por este servicio no supere las 24 horas.
A pesar de lo seguro que está el PIP de la idoneidad del modelo salubrista, también propone crear una comisión multisectorial y multidisciplinaria que evalúe la política vigente de control de la adicción a drogas.
También sugiere despenalizar las conductas asociadas a la adicción a drogas (incluyendo la posesión de parafernalia para el consumo) y que la prioridad del sistema de procesamiento criminal sea el narcotráfico de “las esferas más altas” (por ejemplo, que los narcotraficantes no tengan la oportunidad de ser sentenciados a un mecanismo de desvío o a una probatoria).
El PIP reconoce la labor de las organizaciones de base comunitaria con los adictos a drogas y promete trabajar con ellas. Guarda silencio, sin embargo, sobre las organizaciones de base de fe.
Como medidas preventivas, propone reformar la educación para atender las necesidades particulares de cada estudiante y crear opciones a la escuela tradicional para los desertores escolares. También propone integrar a los sectores marginados a la fuerza laboral formal (no dice cómo), fortalecer los servicios de prevención en salud mental, estudiar el efecto de la violencia que presentan los medios de comunicación, aumentar las alternativas de deporte para los jóvenes, colaborar con las comunidades y crear un organismo de estudio de la violencia que presente un plan estratégico.
Propone, además, estudiar el impacto del nuevo Código Penal, ofrecer alternativas de estudio y trabajo a los confinados, mejorarles los servicios de salud mental y trabajo social, mejorar el sistema de segregación de confinados, crear un certificado de rehabilitación, ofrecer incentivos a los patronos que empleen ex confinados y crear el cargo de “juez de ejecución”, con responsabilidad sobre el sentenciado a cárcel.
También sugiere ampliar los servicios de mediación de conflictos, hacerlos compulsorios en ciertos casos, crear un organismo que asesore sobre una nueva ley para la judicatura, enmendar las Reglas de Procedimiento Civil para que la litigación civil sea más rápida, crear un fondo especial para proveer abogados a la gente pobre en casos civiles y crear un nuevo sistema de nombramiento de jueces que reduzca la intervención de la política partidista.
